La Ley de Autoridad del Profesorado defiende los derechos de los docentes y establece un clima de convivencia en las aulas

Inmaculada López.

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La diputada regional del Partido Popular Inmaculada López ha informado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, sobre la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, lamentando que se haya establecido “sin apoyo del grupo socialista”. Por lo que la diputada ha afirmado que “ha sido una torpeza por su parte” por ser una ley “muy demandada”.

En este sentido, López ha destacado que en Castilla-La Mancha se han dado más de 18.500 casos de acoso y violencia contra docentes y, por tanto, se hace necesario tomar medidas que devuelvan el respeto y la dignidad al profesorado, con el fin de defender sus derechos y establecer un clima de convivencia en las aulas, según ha afirmado la diputada.

Con todo, ha explicado que los objetivos que se persiguen se basan en mejorar la calidad de la enseñanza, reducir la tasa de fracaso escolar y facilitar la convivencia entre alumnos y profesores.

Asimismo, ha hecho mención al “discurso cargado de demagogia” del Partido Socialista por presentar una moción “incoherente” a dicha Ley, recordando que el grupo socialista dejó una deuda de 103 millones de euros en la Universidad de Castilla-La Mancha. De este modo, ha subrayado que “gracias al Plan de Ajuste desarrollado por la UCLM y al Gobierno serio de María Dolores Cospedal, hoy la Universidad cuenta con una buena gestión”.

Además, ha recordado que el Partido Socialista “estableció la ampliación de las enseñanzas de espaldas a la universidad”, asegurando que “no existía plan de financiación ni presupuesto para poner en marcha esas titulaciones”. Esto, según la diputada, “es el ejemplo claro de la forma de gobernar del Partido Socialista: anunciar planes sin presupuestos y sin plazos”.

Por ello, ha señalado que “no pueden dar lecciones de gestión quienes han dejado en quiebra los servicios sociales básicos y han situado a la región como la autonomía con más déficit público de España”.