El concejal del Partido Popular José Luis Serrallé ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la reciente sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Albacete en la que estimando la demanda interpuesta por el Partido Popular declara la nulidad por no ser ajustadas a derecho de varias productividades que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, con la Alcaldesa a la cabeza.
Concretamente las productividades declaradas nulas y todas referidas al año 2008 son:
- 98.000 euros a repartir entre 6 trabajadores del servicio de infraestructuras.
- 19.000 euros a repartir entre seis trabajadores del servicio de medio ambiente.
- 94.392 euros a repartir entre 12 trabajadores del servicio de gestión de multas
- 99.497 euros a repartir entre 13 trabajadores del servicio de gestión de ingresos.
Hemos de recordar que según la ley, el complemento de productividad:
1.- “Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo”
2.-“La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo”.
Es decir, ha informado Serrallé, el funcionario cobra su sueldo completo por realizar su trabajo con todos los complementos inherentes a su puesto de trabajo y la ley permite que además se le puede dar un complemento de productividad cuando habiéndole sido marcados unos objetivos que se supone solo se pueden alcanzar con “un especial rendimiento y una actividad extraordinaria” el funcionario los consigue.
Pues bien, las productividades que han sido declaradas nulas, entre otros motivos, lo han sido por que refiriéndose las mismas al año 2008, los objetivos a conseguir fueron marcados en diciembre de ese mismo año, cuando ya se sabía cuál había sido el trabajo desarrollado.
El Concejal popular asegura que si el objetivo de la productividad es incentivar a los trabajadores, mal los puedes incentivar si le marcas los objetivos al final del año.
“En su momento ya denunciamos la chapuza que en materia de productividades estaba desarrollando el equipo socialista del Ayuntamiento y ahora los tribunales nos dan la razón”. Ha añadido José Luis Serrallé.
Pero es que además, desde el Grupo Popular consideran que las cantidades son demasiado elevadas, pues entienden que no es de recibo que por ejemplo algún funcionario llegue a cobrar por esta productividad 24.000 euros, además de su sueldo y de otras productividades millonarias que también están pendientes de juicio relativas al Plan de Barrios y al FEIL o Plan ZP.
La sentencia afirma claramente que no está acreditado que “los trabajos desempeñados por ninguno de los funcionarios afectados sean la consecuencia de un superior rendimiento, actividad o interés en los cometidos que son los propios de su trabajo.
Textualmente afirma y el Grupo Popular comparte tal apreciación que “no se pone en duda que los funcionarios afectados tengan un especial rendimiento o interés en su puesto de trabajo, pero para cobrar por ello una productividad es necesario algo más que cumplir con las obligaciones de un puesto de trabajo, al ser preciso que hayan cumplido con unos objetivos que así lo determinen por estar preestablecidos con relación a cada uno de esos puestos”.
Además la sentencia afirma que no existe un Plan General de Productividad tal y como exige el Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo y por ello las productividades anuladas tal y como se han desarrollado suponen, “una evidente discriminación que se ha venido a producir con relación al resto de trabajadores municipales” pues ha dado lugar a que un selecto número de trabajadores municipales, en torno a 40, dentro de una plantilla de 1.156 hayan resultados agraciados con el pago de unas suculentas cantidades en concepto de productividad en el año 2008 como son las que se detallan en los acuerdos impugnados, y de donde se podría concluir que la voluntad de la Junta de Gobierno Municipal con el resto de trabajadores municipales vendría a ser que no desempeñan su trabajo con especial rendimiento, actividad extraordinaria ni interés o iniciativa”.
Dicho esto y dado que todas estas productividades se han llevado adelante con el silencio cómplice de izquierda unida y dado que la concejala Rosario Gualda ha reconocido públicamente que no estaba de acuerdo con la forma en que se habían llevado a cabo, ahora tiene la oportunidad de exigir al equipo de gobierno el no recurrir esta sentencia y así con el dinero que se va a ahorrar poder hacer frente a los compromisos adquiridos con el acuerdo marco y convenio colectivo vigente sin necesidad de tener que aplazar el pago de su nómina a ningún trabajador. Ha concluido el concejal popular.