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El PP eleva al próximo Pleno del Congreso una Proposición de Ley para mejorar los derechos socio-laborales de los funcionarios de prisiones

| 19-04-2021

La diputada nacional Carmen Navarro durante la rueda de prensa ofrecida en Albacete junto a los senadores Antonio Serrano y Ramón Rodríguez

La diputada nacional Carmen Navarro durante la rueda de prensa ofrecida en Albacete junto a los senadores Antonio Serrano y Ramón Rodríguez

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• La diputada nacional Carmen Navarro afirma que “es imprescindible una Ley del Estatuto de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias que recoja las singularidades de su trabajo de forma armónica y sistemática”
• Pone en valor la importancia que esta Proposición de Ley tiene para Castilla-La Mancha, ya que la región cuenta con seis centros penitenciarios y dos centros de inserción social, con una población reclusa total de más de 1.300 personas, que supone el 130% de la ocupación
• Explica que la Proposición de Ley regula, entre otros aspectos, el reconocimiento del funcionario de prisiones como agente de la autoridad, la mejora de sus retribuciones laborales íntimamente ligadas al desarrollo de su carrera profesional, así como el pase a la segunda actividad
• Asegura que “es hora de dar la cara por los funcionarios de prisiones por el carácter esencial de los servicios que prestan, su vocación de servicio público y su labor de protección de la población reclusa y de reeducación”

19 de abril 2021. La diputada nacional, Carmen Navarro, ha reiterado el firme compromiso que el Partido Popular mantiene con los funcionarios de prisiones, anunciando que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados eleva para su toma en consideración al Pleno que se celebra mañana una Proposición de Ley del régimen estatutario del personal que integra los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias para garantizar la mejora global de sus condiciones socio-laborales, su seguridad y dar respuesta a las reivindicaciones del colectivo.

Así lo ha señalado Carmen Navarro durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión mantenida con los representantes de los sindicatos de prisiones en  Albacete, ACAIP, CCOO, CSIF y la Asociación ‘Tu abandono me mata’, acompañada por el presidente provincial del Partido Popular de Albacete, Manuel Serrano, y los senadores ‘populares’ Antonio Serrano y Ramón Rodríguez.

Según ha explicado la diputada nacional, “es imprescindible una nueva norma, con rango de ley, una Ley del Estatuto de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias que recoja las evidentes singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario de forma armónica, sistemática, suficiente y evitando reiteraciones”, al considerar que “el volumen, la dispersión y antigüedad de las normas vigentes en este sector es fuente de una evidente inseguridad jurídica”.

En opinión de Carmen Navarro, “está acreditado que el trabajo de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias se desarrolla en un medio singular, por lo que se hace necesario ofrecerles un régimen jurídico de rango legal que reúna las singularidades propias de su trabajo, permitiendo de este modo un mejor ejercicio de sus derechos y un mejor cumplimiento de sus deberes”.

La diputada nacional ha señalado que la Proposición de Ley del Partido Popular regula la estructura, áreas y servicios, el ingreso a los cuerpos, la carrera profesional, promoción interna, formación, movilidad, el reconocimiento como agente de la autoridad y la obligación de imparcialidad política, la protección en su trabajo, la necesidad de mejora de sus retribuciones y condiciones de trabajo para equipararas a las de los funcionarios de prisiones autonómicos, la incapacidad, la excedencia, la segunda actividad, así como la representación sindical y la negociación colectiva, entre otros”.

Carmen Navarro ha puesto en valor la importancia que tiene esta Proposición de Ley para Albacete y para Castilla-La Mancha, recordando que “nuestra región cuenta con seis 6 centros penitenciarios y dos centros de inserción social, con una población reclusa total de más 1.300 personas, que supone el 130 por ciento de la ocupación, sin olvidar que cuentan con plantillas de avanzada edad, con más de 137 vacantes, y es necesario que se cubran todas las plazas”.

Además, la diputada nacional ha señalado que “es hora de apostar y dar la cara por los funcionarios de prisiones teniendo en cuenta el carácter esencial de los servicios que prestan, su vocación de servicio público, así como la labor de protección de la población reclusa y de reeducación que llevan a cabo”.

Según ha explicado Carmen Navarro, “un régimen jurídico singular como el que plantea el Partido Popular no es un novedad en nuestro derecho en materia de empleo público, ya que existen regímenes singulares que están recogidos de forma explícita en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.

La diputada nacional ha señalado que el Partido Popular apuesta por “una regulación que mantenga a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como referente de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias, al mismo tiempo que esta ley da respuesta a la singularidad de sus funciones”.

Carmen Navarro ha señalado que en la Proposición de Ley que plantea el Partido Popular “se reconoce que el marco jurídico en materia de estructuración y organización de los funcionarios de instituciones penitenciaras es deficiente, está disperso, en parte obsoleto, y no regula correctamente las especificidades de su trabajo”.

La diputada nacional ha recordado que “el Ministerio del Interior, para dividir la unidad de los funcionarios, ofreció a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF una ‘Ley de Cuerpos’ negociada con el Grupo Socialista en el Congreso cuyo resultado es poco prometedor, ya que se encuentran muy retrasados los trabajos y hay pocos avances”.

Navarro ha asegurado que esta PL “está basada en opciones de oportunidad y de legalidad que configuran la propuesta de un texto viable, en aras de lograr una mayoría suficiente para su toma en consideración y al mismo tiempo abierto a las aportaciones del resto de los grupos políticos durante la tramitación parlamentaria para su aprobación”.

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