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El PP defiende “la importancia y la necesidad” del Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita

El diputado Francisco Molinero recuerda que el PP “tiene un compromiso con los ciudadanos y, en particular, con los que carecen de recursos suficientes para acceder a la tutela judicial efectiva”

| 30-04-2014

El diputado del Grupo Popular Francisco Molinero, defendió hoy “la importancia y la necesidad” del Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, al tiempo que señaló que las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a esta iniciativa “están vacías de contenido”.
En su intervención en el Pleno del Congreso, Molinero anunció el apoyo del GPP al Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita y el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por seis grupos de la oposición.
En este sentido, argumentó que el rechazo de las enmiendas se debe, primero, a que el PP “tiene un compromiso con los ciudadanos, en particular con los que carecen de recursos económicos suficientes para acceder a la tutela judicial efectiva y que necesitan el apoyo del Estado para poder acceder a la misma a través de este instrumento”.
Asimismo, señaló que “en los momentos económicos actuales, es necesario controlar y racionalizar los recursos públicos para la sostenibilidad del sistema impidiendo el abuso del Derecho”.
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El diputado del PP explicó que del contenido del Proyecto de Ley se desprenden dos ideas generales. “Por un lado la importancia y, por otro, la necesidad del mismo”, dijo Molinero, quien recordó que “el derecho a la justicia gratuita es un derecho fundamental reconocido en el artículo 119 de la Constitución y vinculado de manera esencial a la tutela judicial, el artículo 24 de la Carta Magna”.
“Todos nosotros –aseguró- estamos obligados al sostenimiento del sistema como servicio público para aquellos ciudadanos que realmente acrediten esa insuficiencia de medios económicos”.
NECESIDAD DE LA REFORMA
En cuanto a la necesidad de la reforma, Francisco Molinero afirmó que “es necesaria porque tras dieciocho años de vigencia de la Ley de 1996, es necesario ajustarla a la realidad actual pero, sobre todo, es necesario contemplar y eximir del pago de las tasas según el Real Decreto 3/2013”.
También recordó que “tenemos, además, la obligación de asegurar fundamentalmente la viabilidad del sistema gestionando los recursos con eficacia y eficiencia”. “Tenemos un compromiso de dar respuesta a algunas propuestas desde administraciones públicas y de los Colegios de Abogados”, subrayó.
“Es necesaria, además, porque debemos actualizar e incorporar en nuestro ordenamiento jurídico las modificaciones legislativas realizadas en el marco europeo para reforzar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, aseveró.
Para Molinero, “a pesar de la naturaleza eminentemente social del Proyecto de Ley y de su estrecha vinculación con el Real Decreto 3/2013 por el que se modificaba el régimen de tasas en el ámbito de la administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita actualmente en vigor, se debaten seis enmiendas a la totalidad que tratan de vetar de inicio el Proyecto de Ley”.
“Estamos abiertos a acuerdos”, aseguró el diputado popular, quien aseguró no entender “que se hayan formulado las enmiendas a la totalidad y que se estén discutiendo textos del articulado más que del contenido esencial de lo que es en sí el Proyecto de Ley”.
Molinero recordó también en su intervención que “sería injusto dejar al margen de la ley a personas físicas o jurídicas, así como a colectivos sin
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ánimo de lucro y que además no tienen suficientes recursos económicos para acceder a la justicia”.
Así, se mostró convencido de que “si esta propuesta o iniciativa hubiera sido formulada por los grupos parlamentarios de la izquierda, seguro que sería calificada como una medida progresista y demonizaría al grupo parlamentario que se opusiera a la misma”.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA
Respecto a las enmiendas a la inconstitucionalidad de la medida, el portavoz popular recordó que el informe del Consejo de Estado “es claro y terminante”, ya que en el mismo se señala que “es un derecho constitucional cuya extensión y configuración legal le corresponde al Congreso de los Diputados y, por tanto, no puede tacharse de inconstitucionalidad”.
Por último, Francisco Molinero mostró su “respeto y admiración por todos los abogados que ejercen el turno de oficio y que con generosidad y entrega prestan un servicio público de calidad a los más desfavorecidos, a los más necesitados de la sociedad, para que no sean vulnerados ni discriminados en sus derechos por motivos económicos”.

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