El Grupo Popular presentará en el próximo Pleno una iniciativa para ayudar a las sociedades de cazadores a compensar los gastos derivados de la lucha contra la plaga de conejos que daña a la Agricultura”

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 El Grupo Popular de la Diputación de Albacete ha anunciado hoy que presentará una iniciativa para ayudar a las sociedades de cazadores de la provincia a sufragar los gastos del control de conejo de monte en los municipios afectados por la emergencia cinegética, que tanto daño está causando en las fincas agrícolas.

La intención es que estas sociedades de cazadores puedan contar con apoyo económico para cubrir los gatos derivados de las actuaciones para reducir la población de conejo, y con ello, minimizar los daños que están sufriendo el campo.,

Así lo ha anunciado el diputado provincial, Ángel Alfaro, quien asimismo ha lamentado el voto contrario del Grupo Socialista en la institución provincial a respaldar la moción presentada hoy, con el fin de instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a declarar de forma inmediata la plaga de conejo en los municipios afectados por lo daños agrícolas.

PÉRDIDAS AGRÍCOLAS CONSTANTES Y CRONIFICADAS

Ángel Alfaro se ha referido a las pérdidas constantes y generalizadas en los cultivos de cereal, plantaciones de viñedo, olivar y leñosos, así como a los costes añadidos en vallados y protectores, y abandono de explotaciones agrícolas en una situación “que no es nueva, ni coyuntural. Es una plaga cronificada, ante la que la Junta no ha actuado con la suficiente contundencia”.

Asimismo, Alfaro ha recordado que gran parte del problema se concentra en taludes de carreteras, infraestructuras ferroviarias, cauces públicos y zonas protegidas, donde no se permite actuar, “por lo que estas áreas funcionan como auténticos criaderos desde los que los conejos invaden explotaciones privadas, sin que sus titulares públicos asuman responsabilidad alguna”.

La moción del PP también pide activar un plan obligatorio y permanente de control poblacional; establecer un sistema real de indemnizaciones directas por daños agrícolas; dotar presupuestariamente un fondo suficiente y extraordinario para compensaciones; ampliar las zonas de emergencias cinegética y autorizar controles en Zonas de Especial Protección (ZEPA) y dominio público,.

Igualmente, la moción exige al Gobierno de España actuaciones urgentes en infraestructuras estatales (ADIF, carreteras, cauces de confederaciones hidrográficas…) y asunción de responsabilidad patrimonial por daños generados desde dichas infraestructuras.

FINANCIACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA

Por otro lado, el Grupo Popular se congratula del apoyo del PSOE a su moción en la que reclamaba una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal y rechaza de plano el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de España y los partidos que defienden el separatismo, tal y como ha explicado el diputado ‘popular’ Antonio Martínez Alcalde.

De esta forma, PP y PSOE instan al Gobierno de España a que la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada se aborde desde un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, garantizando la igualdad entre ciudadanos y evitando acuerdos singulares que puedan generar desequilibrios territoriales.

De la misma forma, reclama que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica incorpore de forma simultánea una reforma del sistema de financiación local, reconociendo el papel esencial de los ayuntamientos y garantizando su suficiencia financiera.

“Exigimos la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administraciones Local y solicitamos que no se impongan nuevas competencias ni obligaciones financieras a los ayuntamientos sin la correspondiente dotación de recursos, preservando la autonomía local y la calidad de los servicios municipales” ha manifestado Martínez Alcalde.

Finalmente, el diputado del Grupo Popular ha defendido la autonomía fiscal de los ayuntamientos y ha reafirmado con esta moción el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, como eje fundamental del sistema de financiación pública, garantizando que los servicios municipales dispongan de recursos suficientes, estables y basados en criterios objetivos y transparentes.