El Grupo Popular de la Diputación muestra su satisfacción por el respaldo unánime a su iniciativa para demorar 5 años la aplicación del canon del agua

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El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Albacete ha expresado su satisfacción por el respaldo unánime de los grupos políticos a la moción presentada para instar, tanto a la Junta de Comunidades como a la Agencia del Agua de CLM, a la paralización temporal de la obligación de abonar el llamado ‘canon del agua’, derivado de las pérdidas por fugas en las redes municipales.

De la misma forma, el PP ha lamentado que la iniciativa para que la derogacion del ‘tasazo estatal de las basuras’ que vulnera la autonomía y la potestad tributaria local, no haya tenido el respaldo del Partido Socialista en la Diputación de Albacete.

Con respecto a la primera moción, relativa a la petición de una moratoria de cinco años para aplicar el canon de la Directiva Marco del Agua, la diputada provincial ‘popular’ Josefa Montes ha explicado que la renovación de la red de agua en los pueblos de la provincia de Albacete requiere de tiempo y recursos necesarios para realizar una fuerte inversión, pues se estima que entre el 25 y el 30 por ciento del agua que suministran los Ayuntamientos, termina perdiéndose por averías de la red.

"Parece razonable que antes de penalizar por el volumen de agua suministrado, se conceda un tiempo de al menos cinco años, condicionada a la renovación de la red que alcance la eficiencia y ahorro que pretende la Directiva Marco del Agua; así, esta moratoria no es un capricho, sino una necesidad, para que los proyectos técnicos puedan contar con los recursos y el apoyo técnico de la Junta de Comunidades, Diputación de Albacete y Federación de Municipios de Castilla-La Mancha, con especial incidencia en los pueblos de menor tamaño”.

“Por lo tanto, antes de penalizar, habría que dar tiempo y apoyo. Esta moratoria de al menos cinco años permitiría auditar, planificar e invertir con criterio, vamos a corregir primero la ineficiencia y después vamos a aplicar el tributo. Entedemos que  este sería el orden lógico y justo. El canon, tal y como está planteado, supone en la práctica una doble penalización: Primero el Ayuntamiento pierde el agua y después debe pagar por ella, reduciendo con esta carga la capacidad de invertir en la propia red”, ha aseverado Josefa Montes.

TASAZO DE LA BASURA

Por su parte, el diputado provincial Antonio Martínez Alcalde ha expresado su contrariedad ante la obligación de imponer a todos los ayuntamientos de España una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100 por ciento del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, suprimiendo así la capacidad de los municipios de decidir libremente cómo financiarlo.

Antonio Martínez Alcalde, quien ha defendido la idea de abordar con planteamientos del Siglo XXI y financiación adecuada el tratamiento de los residuos, así como la necesidad de reciclar y preservar el Medio Ambiente, ha lamentado que este impuesto grave a todos por igual, “contaminen o no contaminen, algo que es injusto” y pide que la recaudación revierta directamente en las arcas de los propios municipios para destinarlo a la mejor gestión de la recogida y tratamiento de los residuos.

“Este impuesto atenta claramente contra la autonomía local, de manera que convierte a los municipios en un mero engranaje del Gobierno central” y ha reivindicado que sean los Ayuntamientos quienes gestionen los impuestos que recaudan, con un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio, con cargo a sus Presupuestos o mediante modelos mixtos”.

De la misma forma, el diputado del Grupo Popular ha demandado “la incorporación de incentivos al reciclaje y la Economía Circular, en lugar de penalizaciones indistriminadas, así como la posibiliad de bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o profesionales autónomos con bajos ingresos”.

“Reclamamos al Gobierno de España que paralice cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos o cotizaciones a los ciudadanos, en tanto no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible, así como la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, que permita mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos, sin trasladar todo el coste los vecinos” ha concluido Antonio Martínez Alcalde.