El PP de Albacete informó hoy que se personará en la iniciativa del TSJ-CLM para ver si el alcalde de Villarrobledo y presidente de la Diputación Provincial, Pedro Antonio Ruiz, incurrió en delito de prevaricación, como consecuencia del convenio marco del Consistorio, aprobado en su día por el equipo de gobierno socialista, pese a los informes contrarios del secretario, interventor y del propio Partido Popular de Villarrobledo.
La contundente sentencia del TSJ, conocida el pasado mes de febrero, hablaba de mala fe y desapego a la Ley por parte del alcalde socialista de Villarrobledo, por lo que anula dos artículos del convenio y obliga al Consistorio a pagar las costas, tras un procedimiento judicial iniciado por el abogado del Estado.
Asimismo, el TSJ ha trasladado el contenido de la sentencia a la Fiscalía y a los Juzgados de Villarrobledo por estimar que hay indicios de prevaricación. El PP se personará para tener información de primera mano sobre la causa judicial y recuerda que el Código Penal castiga con inhabilitaciones para el desempeño de cargo público de siete a diez años este tipo de delitos.
Tanto el portavoz del PP de Albacete, Juan Marcos Molina, como la portavoz del PP en Villarrobledo, Amalia Gutiérrez, coincidieron al afirmar que los varapalos judiciales al equipo socialista “son ya costumbre” y alertó sobre los peligros que conlleva que un presidente de la Diputación no se sienta vinculado a la Ley, creyéndose incluso por encima de la misma.
Asimismo, la portavoz ‘popular’ denunció la actitud “prepotente y machista” del alcalde socialista que en el último Pleno Municipal “se permitió vulnerar el reglamento nuevamente y, saltándose la Ley, intervenir en una moción sobre apoyo a los agricultores, para, a continuación, expulsarme del Pleno, sin razón ni motivo”.
Gutiérrez dijo que toda estas sentencias judiciales contrarias están poniendo muy nervioso al alcalde y presidente de la Diputación, al punto de intentar falsificar documentos como un escrito contra mí firmado por diez funcionarios, del cual no hay constancia hasta la fecha en el registro general del Ayuntamiento, como así he corroborado con el secretario del Consistorio.
La portavoz del PP lamentó asimismo que el alcalde Ruiz Santos dedicara su tiempo a montar calumnias, en vez de preocuparse por los 3.000 desempleados de la comarca o la difícil situación de agricultores y pymes de la ciudad.
Por su parte, Juan Marcos Molina, portavoz del PP, destacó que “ya es un hecho notable que el TSJ tome la iniciativa de investigar estos hechos” y recordó que el Código Penal castiga delitos de prevaricación, esto es, dictar resoluciones injustas a sabiendas de que son arbitrarias.
Juan Marcos añadió que “al personarnos en la causa tendremos un conocimiento directo del proceso de instrucción” y concluyó que tener un cargo público que no se siente vinculado por la Ley supone “un riesgo y un peligro permanente”.