Dimas Cuevas, en la sede provincial del PP.
El Partido Popular ha dado a conocer el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villarrobledo que acuerda la apertura del juicio oral contra la ex alcaldesa de Munera y actual diputada provincial y presidenta de
El alcalde de Munera, Pedro Pablo Sánchez, junto con el portavoz del PP, Juan Marcos Molina, y el diputado provincial Constantino Berruga, resaltaron la fianza impuesta a la acusada por 30.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, e informaron que el órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es el Juzgado de lo Penal de Albacete.
Pedro Pablo Sánchez detalló que el valor total de las obras que se llevaron a cabo en Munera sin procedimiento administrativo alguno y con todos los informes técnicos en contra alcanza a 420.000 euros, y que corresponden tan sólo en los seis meses previos a la finalización del mandato de Lourdes Varea como alcaldesa en 2007, quien estuvo en este cargo 16 años consecutivos.
Los responsables del PP añadieron que “el criterio para adjudicar las obras a determinadas empresas, con vinculaciones familiares incluso, sólo lo sabe la acusada” y que la legalización de algunas de estas obras se ha tenido que realizar a posteriori, señalando que para la obtención de subvenciones públicas la ex alcaldesa utilizó documentos falsos, por lo que el Ayuntamiento de Munera, como acusación particular, también pide pena por este último hecho.
“Lourdes Varea no era una pobre alcaldesa ignorante del Derecho Administrativo, sino que es una política importante del PSOE, 16 años alcaldesa, diputada regional y vicepresidenta de
Molina detalló que las obras se hacían en Munera “sin expediente previo, sin previa concurrencia pública para licitar empresas que pudieran estar interesadas, sin proyecto previo, sin presupuesto de gastos, sin comprobación de si existía o no consignación presupuestaria, y con todos los informes técnicos del interventor y secretario en contra. No le interesaba lo que estos informes decían y los ignoraba de manera consciente”.
“Por tanto –añade el portavoz del PP- es imposible saber qué criterio se seguía para adjudicar las obras en una forma de actuar presuntamente delictiva sobre la que ahora debe pronunciarse el Juzgado de lo Penal”. El Ayuntamiento de Munera pide inhabilitación especial para empleo o cargo público a la diputada provincial socialista por 10 años, y prisión de 5 años por falsedad de documento público.
Por su parte, el diputado Constantino Berruga exigió responsabilidades políticas al PSOE de Francisco Pardo y José María Barreda por mantener en los cargos institucionales a quien ahora deberá sentarse en el banquillo de los acusados, por presunta prevaricación administrativa continuada. “Además de las responsabilidades penales que el juez habrá de dilucidar, existe un responsabilidad política ante la que el máximo responsable a nivel regional del Partido Socialista, Barreda, no puede seguir mirando hacia otro lado”.
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