EL PP DENUNCIA EL VACÍO DE BARREDA ANTE EL TARIFAZO A LOS PEQUE??OS MUNICIPIOS POR LAS OBRAS HIDRÁULICAS, TRAS SU REUNI??N CON LA MINISTRA AGUILAR

Marcial Marín, en la sede provincial del PP.

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El portavoz del PP en la Diputación, Antonio Serrano, ha criticado el “cinismo político” del presidente de la Junta, José María Barreda, quien sigue anunciando inversiones millonarias en obras hidráulicas para la región, mientras el BOE continúa “castigando a los Ayuntamientos con tarifas imposibles para municipios de entre 400 y 1.800 habitantes”.

         Los alcaldes de Peñas, Alcadozo y Pozohondo se han dirigido durante este año 2010 tanto al presidente de la Junta, como al subdelegado del Gobierno y presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para evitar “el atraco político de pretender cobrarnos casi 9 millones de euros por unas obras hidráulicas de emergencia, y hasta la fecha, el único que sigue hablando es el Boletín Oficial del Estado”.

         Serrano critica que de la última entrevista entre Barreda y la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, haya trascendido otra lluvia de 170 millones en inversiones hidráulicas “que no sabemos quién va a pagar, pues después de la foto, las facturas las giran a los Ayuntamientos, hayamos pedido o no estas obras”.

         El portavoz del PP recuerda que en esta reclamación que afecta a una veintena de municipios de Albacete tiene el respaldo unánime de la Diputación desde 2008, si bien “poco hemos avanzado desde entonces, más allá de darnos la razón las diferentes Administraciones. No cabe mayor hipocresía en Barreda, que sale de esta reunión expresando su alegría, y alardeando de que la nueva ministra conoce los problemas y las necesidades de Castilla-La Mancha”.

         En sus diferentes comunicaciones a las Administraciones Públicas, los alcaldes han apelado al presidente de la Junta para solucionar el problema que mantienen los municipios afectados –especialmente Peñas de San Pedro, Alcadozo y Pozohondo- con respecto a unas obras hidráulicas de abastecimiento de agua potable, realizadas entre 2006 y 2008, a instancias del Gobierno regional y ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente. A su término, la Confederación del Júcar ha pasado la factura a los Ayuntamientos, reclamando tarifas millonarias que van de los 2,5 millones a los 3,4 millones de euros.

         Los alcaldes han denunciado en reiteradas ocasiones que el pago de estas cantidades supone la quiebra económica de sus Presupuestos en lo que califican “un atraco político” en el que el autor material ha sido el Ministerio de Medio Ambiente y el cómplice necesario, José María Barreda.