EL PP DE LA DIPUTACI??N DENUNCIA PERSECUCI??N POLÍTICA A UN FUNCIONARIO QUE SE ENFRENT?? AL ALCALDE SOCIALISTA DE HELLÍN

Constantino Berruga: ???El informe del Secretario-Interventor concluye que no se justifica el interés público de esta subvención, que puede vulnerar la Ley General de Subvenciones y que puede generar problemas de Tesorería al IFAB.???

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El viceportavoz del PP en la Diputación, Constantino Berruga, ha criticado la “persecución política” a la que ha sido sometido un funcionario interventor con habilitación de carácter nacional, y a quien finalmente el TSJ le ha dado la razón, condenando a la Diputación y a la Dirección General de Administración Local a darle plaza en la Corporación Provincial y a indemnizarle económicamente.

    Berruga recordó que este funcionario ha mantenido enfrentamientos con el alcalde socialista de Hellín, Diego García Caro, por enviar al Tribunal de Cuentas un informe donde se constataron irregularidades contables. El propio alcalde hellinero llegó a abrirle un expediente disciplinario y a querellarse, acusándole de manipulación de documento público, si bien esta querella fue archivada.

    El viceportavoz del PP llamó la atención sobre el hecho de que “en el Ayuntamiento de Hellín ha habido siete cambios de interventor en los últimos siete años, y la sentencia viene a demostrar que el PSOE no duda en saltarse la ley a la torera, cuando alguien le resulta incómodo”, responsabilizando de esta situación tanto al regidor socialista García Caro, como al director general de Administración Local, Jesús Javier Perea y al vicepresidente de la Diputación y teniente de alcalde de Hellín, Ramón García.

    Asimismo, Constantino Berruga aseguró que “tanto el actual tesorero como el interventor de la Diputación son un lujo para la esta casa”, si bien recordó que ahora la Corporación provincial está obligada a readmitir al funcionario que ha ganado la sentencia y que tiene su plaza actualmente en el Ayuntamiento murciano de Archena.

       No obstante, la Diputación ha convocado una plaza de interventor, por lo que el diputado provincial dudó de que se pueda llegar a aplicar la sentencia en el sentido de la readmisión al funcionario que ha ganado la sentencia, si bien la Administración tendrá que indemnizar por la diferencia entre lo que percibe en su actual destino y lo que hubiera percibido en concepto de salario como interventor de la Diputación.

     Por último, Berruga resaltó que no hay precedentes en que “dos Administraciones, ente este caso la Dirección General de Administración Local dependiente de la Junta y la propia Diputación hayan sido condenadas por una mala praxis contra un funcionario”.