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EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ANULA LA LICENCIA DE LA PLANTA INCINERADORA DE MOLINICOS POR LA FALTA DE AUTORIZACI??N AMBIENTAL

El portavoz del PP, Antonio González, asegura que el alcalde socialista debe dimitir por este revés judicial y que el consejero Lamata explique por qué respaldó esta actuación

| 03-02-2011

Antonio Serrano y Constantino Berruga.

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El portavoz del PP de Molinicos, Antonio González, y el diputado provincial José Luis Serrallé, han informado sobre la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete ha anulado la licencia de primera ocupación para la incineradora de Mercancías de Especial Riesgo (MER), por carecer de la preceptiva Autorización Ambiental Integrada.

El contencioso planteado por el portavoz municipal del PP ha tenido este fallo judicial que detalla que para una instalación con capacidad para quemar 10 toneladas de desechos diarios es preceptiva esta autorización de impacto ambiental, entendiendo el diputado Serrallé que el argumento del promotor de la instalación de poner en funcionamiento esta industria sólo cuatro horas “es pueril”.

“Esta sentencia –dijo- pone colofón a la chapuza que ha contado con la colaboración necesaria del alcalde socialista de Molinicos y de la propia Junta de Comunidades, un enredo con el único fin de hacer el favor a un responsable local del Partido Socialista”.

Por su parte, Antonio González detalló que esta instalación en las proximidades el Parque Natural ha merecido un expediente informativo de la Comisión Europea a España y se pregunta cómo es posible que esta obra ilegal haya recibido casi 90.000 euros de subvención de fondos europeos, por lo que exigió un mayor control para el dinero que se destina a Zonas Deprimidas como es la Sierra del Segura.

González pidió la dimisión del alcalde de Molinicos por haberse prestado a facilitar una serie de licencias administrativas sin haber tenido en cuenta que se estaba saltando la preceptiva y principal como es la autorización ambiental, y lamentó que el consejero de Sanidad, Fernando Lamata, respaldara en las Cortes Regionales esta instalación asegurando que tenía todas los permisos en regla, cuando la Justicia ha demostrado que no era así.