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EL PP DE VILLARROBLEDO CONSIDERA QUE LA ACTITUD DEL ALCALDE CON LA PLANTILLA DE PERSONAL ES BOCHORNOSA

El concejal Francisco Abraila denuncia la falta de respeto a los funcionarios del Ayuntamiento ante el caso del director de la Universidad Popular

| 13-01-2011

El concejal del Partido Popular de Villarrobledo Francisco José Abraila ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer la postura del Partido Popular sobre una de las mociones que su Grupo Municipal presentó en el pasado Pleno del mes de diciembre, relativa a la adecuación de la categoría profesional del Director de la Universidad Popular.

RESPETO A LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES

Abraila señalaba que este caso ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el Grupo Popular, y que todo empezó en el año 1.998, cuando el Equipo de Gobierno socialista, de manera unilateral, decide recalificar la plaza de Director de la Universidad Popular. “En ese momento, el trabajador adquiere un compromiso personal de presentar la titulación requerida en un plazo máximo de 10 años, ya que no contaba con los estudios requeridos para ocupar una plaza del grupo B, que era la nueva categoría que tenía esa plaza”, añadía el edil popular.

Continuaba reseñando que, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia, ese compromiso era ineludible, “de hecho, indica que el cambio está ‘supeditado’ al cumplimiento de la entrega de la acreditación de la titulación requerida”.

A esto añadía que “sin embargo, en 2.008, cuando el Partido Popular se interesó por este caso, el Equipo de Gobierno empezó a dar largas, llegándose a retrasar el debate de la moción que presentó el Partido Popular durante 15 meses, justificando el retraso con mentiras y faltándole el respeto a los ciudadanos, a los trabajadores y a la oposición”.

El viceportavoz popular indicaba que, a día de hoy, todavía no se ha cumplido dicho compromiso, y que el Equipo de Gobierno socialista, “lejos de buscar una solución razonable a esta cuestión o de defender los derechos del resto de trabajadores municipales, que sí que cumplen con los requisitos mínimos para poder desempeñar sus respectivos puestos de trabajo, ha preferido menospreciar los derechos de más de 350 trabajadores municipales que hacer cumplir con los deberes a uno solo de ellos”.

Además, afirmaba que “desde ahora, el Ayuntamiento de Villarrobledo ya nunca podrá decir que se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Ya no podrá decir que sus trabajadores son iguales en derechos y deberes. Hay claramente clases, trabajadores de primera y segunda categoría, dependiendo de su afinidad política o personal con el Alcalde de Villarrobledo”.

De igual modo, solicitaba al Alcalde que tratase de justificar esta postura “bochornosa y vergonzante” ante el resto de trabajadores municipales, y que les explique porque “unos trabajadores cobran un salario de acuerdo a su titulación y a otros, no sabemos por qué razones, no se les exige esa titulación”.

UNA NUEVA ILEGALIDAD

Francisco Abraila comentaba a continuación que estos hechos no son más que una nueva muestra del amiguismo y el despotismo con el que actúa el Equipo de Gobierno Socialista. Añadía que “la legislación española señala que, en ningún caso, se pueden consolidar derechos económicos si no se tiene la titulación requerida y, sin embargo, en este caso, el Equipo de Gobierno hace, una vez más, oídos sordos a las Leyes y al sentido común”.

Igualmente, Abraila indicaba que esta situación ha sido criticada con dureza por parte de los agentes sindicales del Ayuntamiento de Villarrobledo, lo que demuestra el desprecio del Equipo de Gobierno Socialista por los trabajadores y sus representantes, ya que no les han hecho ningún caso.

Finalmente, el concejal popular afirmaba que “todo el pueblo sabe que el Alcalde y sus concejales están procesados por una presunta prevaricación administrativa, por incumplir el artículo 404 del Código Penal. Tal vez sea momento de que el Alcalde, al que parece que le dieron la carrera de Derecho con los puntos de la Nocilla, repase otro artículo del Código Penal, el 405, que también califica como prevaricación administrativa los hechos metidos por autoridad pública que ‘a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello’, lo cual no es más que la descripción de este caso. Por estas razones, el Partido Popular emprenderá cuantas acciones legales considere oportunas, ya que no podemos tolerar que se mancille de esta manera el buen nombre del pueblo de Villarrobledo”.

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